SANTO DOMINGO. – La abogada constitucionalista Patricia Santana Nina aclaró que la Acción Directa de Inconstitucionalidad sometida por diversas organizaciones de la sociedad civil ante el Tribunal Constitucional no persigue la despenalización absoluta del aborto ni modificar la protección a la vida consagrada en la Constitución dominicana.
Durante una entrevista en el programa “Cátedra Jurídica”, conducido por el doctor Manuel Conde, la jurista explicó que la iniciativa busca que el Tribunal Constitucional emita una sentencia interpretativa sobre el artículo 111 del nuevo Código Penal, con el propósito de sustituir su redacción por un marco legal que contemple las tres causales.
Las tres causales permitirían la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, o cuando el feto presente condiciones incompatibles con la vida fuera del útero.
“Lo que estamos solicitando al Tribunal Constitucional es una sentencia interpretativa que sustituya el contenido actual del artículo 111. No se trata de establecer una despenalización absoluta, sino de incorporar las tres causales como una solución jurídica que permita ofrecer herramientas claras para situaciones excepcionales”, explicó Santana.
La especialista sostuvo que la redacción vigente del artículo genera incertidumbre jurídica y podría derivar en interpretaciones que otorguen facultades excesivamente amplias para la interrupción de embarazos, incluso sin el consentimiento expreso de la madre.
Asimismo, indicó que la acción también propone que los ministerios de la Mujer y de Salud Pública participen en la elaboración de los protocolos necesarios para regular y supervisar la aplicación de las causales, garantizando la protección de los derechos fundamentales involucrados.
Santana Nina destacó que en numerosos países donde existe protección constitucional de la vida prenatal también se contemplan excepciones legales para situaciones extraordinarias, sin que ello implique una contradicción con los principios constitucionales.
“La Constitución protege la vida, pero también garantiza la igualdad, la dignidad humana, la protección de las mujeres frente a la violencia y una tutela reforzada para niñas y adolescentes. Lo que buscamos es armonizar esos derechos”, expresó.
El debate sobre las tres causales ha sido uno de los temas más controversiales dentro de la discusión del Código Penal dominicano, enfrentando posiciones que defienden la protección absoluta de la vida desde la concepción y sectores que abogan por excepciones legales en circunstancias extremas.
La acción sometida ante el Tribunal Constitucional fue dejada en estado de fallo, por lo que corresponderá a esa alta corte decidir si la disposición impugnada se ajusta o no a los principios y garantías establecidos en la Carta Magna.
Mientras tanto, la propuesta continúa generando posiciones encontradas. Diversos sectores sociales respaldan la inclusión de las tres causales como una respuesta a situaciones extremas, mientras que la Conferencia del Episcopado Dominicano y organizaciones provida han reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que implique flexibilizar la penalización del aborto, argumentando que la Constitución garantiza la protección de la vida desde la concepción.
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