Las escenas difundidas desde Guajimía no solo estremecen; avergüenzan a un país que sigue esperando una transformación real de su Policía Nacional. Cada nuevo caso de presunto abuso policial es una prueba más de que las promesas de reforma siguen chocando con una realidad marcada por el uso desproporcionado de la fuerza, la desconfianza ciudadana y la sensación de que algunos agentes creen estar por encima de la ley.
No basta con suspender a un agente, emitir un comunicado o anunciar una investigación. Eso ya forma parte de un libreto que la sociedad dominicana conoce de memoria. Lo que el pueblo exige son investigaciones independientes, procesos transparentes y condenas ejemplares cuando la justicia determine responsabilidades. De lo contrario, la impunidad seguirá enviando el mensaje más peligroso de todos: que la vida de un ciudadano vale menos que el prestigio de una institución.
La autoridad no se impone con el miedo ni con las armas. Se gana con disciplina, profesionalismo y respeto absoluto a los derechos humanos. Un policía que actúa fuera de la ley no solo compromete su responsabilidad individual; hiere la credibilidad de toda la institución y traiciona el juramento de proteger a la ciudadanía.
La República Dominicana no puede acostumbrarse a ver videos de operativos que terminan en tragedia. No puede normalizar que las familias tengan más temor de encontrarse con un agente armado que con un delincuente. Un Estado democrático no puede aceptar que la fuerza sustituya al debido proceso ni que el abuso se disfrace de autoridad.
Si las investigaciones confirman un uso ilegítimo de la fuerza, los responsables deben enfrentar todas las consecuencias legales, sin privilegios, sin excusas y sin intentos de encubrimiento. La justicia debe actuar con la misma firmeza con la que el Estado exige a los ciudadanos cumplir la ley.
Ha llegado el momento de decidir qué Policía quiere la nación: una institución que inspire confianza o una que continúe acumulando episodios que erosionan su legitimidad. El uniforme debe ser símbolo de protección, no de temor; de servicio, no de abuso; de justicia, no de impunidad.
La sociedad dominicana ya no necesita más promesas. Necesita hechos. Porque cada vez que la ley no alcanza a quien abusa del poder, pierde una familia, pierde la institución y pierde toda la República Dominicana.
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