Por Ezequiel Nova
San Cristóbal, República Dominicana. — El caso que involucra al pastor Ángel Capellán ha generado preocupación e interrogantes luego de un operativo en el que fueron rescatados 14 menores de edad de una institución religiosa ubicada en la zona de La Pared de Haina, provincia San Cristóbal.
Pero más allá del operativo y de las imágenes que han circulado en redes sociales, quedan preguntas que las autoridades deberán responder: ¿qué ocurría realmente dentro del lugar?, ¿cómo llegaron esos menores allí?, ¿quién supervisaba las condiciones en las que permanecían?, ¿desde cuándo funcionaba la institución y bajo qué autorización?
De acuerdo con informaciones difundidas públicamente, la investigación se habría iniciado después de que uno de los menores escapara, situación que habría permitido a las autoridades conocer la existencia del lugar y posteriormente realizar el operativo.
Un lugar presentado como espacio de ayuda
El nombre de Ángel Capellán aparece vinculado públicamente a actividades religiosas y a una fundación relacionada con el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad. También existen registros audiovisuales de actividades realizadas con niños en la zona de La Feliciana, en Haina.
Precisamente aquí surge una de las principales interrogantes del caso:
¿Se trataba de un programa de protección y rehabilitación debidamente supervisado o de un establecimiento que operaba al margen de los controles correspondientes?
La diferencia es fundamental.
Si existía una institución dedicada a recibir menores, habría que determinar qué permisos tenía, quién la supervisaba, qué protocolos aplicaba y bajo qué autoridad podía mantener a niños y adolescentes bajo su custodia.
Los 14 menores: el punto central de la investigación
El rescate de los 14 menores constituye el elemento más delicado del caso.
La investigación no debería limitarse a determinar quién estaba a cargo del lugar. También debe establecer las circunstancias individuales de cada menor: de dónde procedían, quién autorizó su ingreso, cuánto tiempo permanecieron allí, cuál era su situación familiar y qué instituciones públicas habían tenido conocimiento previamente de su presencia.
Medios locales han descrito el operativo como el rescate de 14 menores durante una investigación relacionada con la fundación.
Esto abre otra pregunta periodística:
¿Cómo fue posible que un grupo de menores permaneciera en esas condiciones sin que las autoridades responsables de su protección detectaran previamente la situación?
¿Qué papel tenía la religión?
El hecho de que el principal señalado sea identificado como pastor añade otra dimensión al caso.
La condición de líder religioso puede generar confianza entre familias y comunidades, pero no sustituye los controles legales ni las obligaciones de protección de menores.
Por eso, una investigación seria debe separar completamente dos cosas: la labor religiosa que pudiera realizar Capellán y las actuaciones concretas que son objeto de investigación.
No se trata de juzgar una religión ni una congregación. Se trata de determinar si hubo actuaciones que pudieron poner en riesgo los derechos de niños y adolescentes.
La versión de la familia
La esposa del pastor ha defendido públicamente su situación y aseguró que esperaba que Ángel Capellán fuera liberado, afirmando que “todo se está aclarando”.
Esta versión también debe formar parte de cualquier cobertura responsable.
Hasta que exista una decisión judicial definitiva, corresponde hablar de investigación, señalamientos y acusaciones, y no de culpabilidad.
Las preguntas que todavía están sobre la mesa
Este caso deja varias interrogantes que las autoridades deberían esclarecer:
¿Quién autorizó el funcionamiento del establecimiento?
¿La institución estaba registrada legalmente?
¿Qué organismo supervisaba el lugar?
¿Por qué había 14 menores allí?
¿Quiénes eran sus padres o tutores?
¿Cuánto tiempo llevaban allí?
¿Cómo eran las condiciones de alojamiento y alimentación?
¿Existían protocolos de protección infantil?
¿Había denuncias anteriores?
¿Qué ocurrió exactamente con el menor que habría escapado?
¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?
¿Qué evidencias fueron ocupadas?
¿Qué delitos investiga formalmente el Ministerio Público?
¿Qué decisión tomará el tribunal respecto al pastor?
Y quizás la pregunta más importante: ¿quién estaba encargado de proteger a esos menores antes de que intervinieran las autoridades?
Más allá de Ángel Capellán
El caso no debería convertirse únicamente en un juicio mediático contra una persona.
También debería servir para investigar cómo funcionan en República Dominicana los centros religiosos, fundaciones, hogares de paso y establecimientos privados que reciben menores de edad.
Porque si una institución puede albergar niños durante un período prolongado sin una supervisión efectiva, el problema podría ser mucho más grande que un solo caso.
La verdadera historia detrás del caso Ángel Capellán todavía está por esclarecerse.
Y ahora corresponde que el Ministerio Público, los organismos de protección de menores y el sistema judicial expliquen qué ocurrió, quién tenía responsabilidad y, sobre todo, que se garantice la protección de los 14 menores involucrados.
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