Por Ezequiel Nova
El caso SENASA no es simplemente otro episodio de desprolijidad estatal: es la radiografía de un organismo que, siendo clave para la salud pública, la seguridad alimentaria y la reputación internacional del país, se vio tomado por prácticas que bordean la negligencia institucional y el abuso de poder. Lo peor no es el hecho puntual —corrupción, desmanejo, favoritismos, incompetencia, o la mezcla habitual— sino la normalización de estas conductas bajo el paraguas del “así funciona”.
SENASA debería ser sinónimo de rigor técnico, transparencia y control. En cambio, el caso expone una estructura donde los criterios técnicos parecen negociables, los cargos rotan por conveniencia política, y los mecanismos de supervisión interna son meras formalidades administrativas. Un organismo que decide qué puede consumirse, exportarse y circular en el territorio no puede darse el lujo de ser opaco, improvisado o complaciente.
Lo más grave —y lo más revelador— es la reacción institucional: lenta, defensiva, casi irritada por tener que dar explicaciones. Ese reflejo burocrático de proteger la silla antes que la función pública dice más que cualquier sumario interno. Cuando un organismo encargado de garantizar inocuidad parece más preocupado por su imagen que por corregir posibles fallas, la confianza pública no se erosiona: se desploma.
SENASA necesita una cirugía mayor: profesionalización real, auditorías externas, concursos transparentes, indicadores públicos y una pared infranqueable entre técnica y política. De lo contrario, cualquier reforma será un maquillaje mediocre sobre una estructura corroída.
Porque si el organismo que debe controlar al país no puede controlarse a sí mismo, lo que está en riesgo no es un expediente: es la credibilidad de todo el sistema.
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