Familia Disla denuncia presunta intervención militar en litigio por terrenos


 
Los denunciantes cuestionan la participación del general Perdomo Sánchez en un intento de desalojo y exigen al Ejército y al Ministerio de Defensa una investigación sobre el caso.

La familia Disla denunció públicamente la presunta intervención del general de brigada Perdomo Sánchez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Internos del Ejército Nacional, en actuaciones relacionadas con un intento de desalojo.

Según los denunciantes, el hecho está vinculado a personas que ocupaban o ejercían derechos sobre terrenos sometidos a una controversia de carácter civil, inmobiliario y registral.

La familia considera grave que un alto oficial militar haya intervenido en una disputa relacionada con derechos de propiedad, al entender que este tipo de conflictos corresponde ser dirimido por los tribunales y la jurisdicción inmobiliaria.

Los Disla reclamaron al mayor general Jimmy Arias Grullón, comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), y al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, una investigación institucional sobre el caso.

Las preguntas que plantea la familia

Según el documento difundido por los denunciantes, hay varias interrogantes que deberían ser respondidas por las autoridades militares.

Entre ellas, quién solicitó la intervención del general Perdomo Sánchez, en qué calidad actuó, y si existía una orden judicial expresa para ejecutar el supuesto desalojo.

También cuestionan qué tribunal habría emitido esa orden, quién impartió las instrucciones al oficial y qué documentos fueron presentados para justificar la intervención.

La familia sostiene que estas preguntas no constituyen una condena anticipada contra ningún funcionario u oficial militar, sino una exigencia de transparencia e investigación.

«El poder militar no puede sustituir al poder judicial»

Los denunciantes enfatizaron que respetan al Ejército de República Dominicana y reconocen las funciones constitucionales que corresponden a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, consideraron necesario determinar si la institución militar fue utilizada para intervenir en un conflicto que, a su juicio, debía permanecer dentro del ámbito de la justicia civil.

«El poder militar no puede sustituir al poder judicial. La autoridad de un uniforme no convierte en legítima una actuación que carezca de fundamento jurídico», sostiene la familia en su denuncia.

Los denunciantes advirtieron que ningún particular debería utilizar la autoridad de organismos armados del Estado para obtener por la fuerza derechos de propiedad que deben demostrarse ante los tribunales.

Un conflicto de larga data, según la familia

De acuerdo con la versión de los Disla, la controversia forma parte de un conflicto que se remontaría varias décadas.

Según explicaron, involucra terrenos que habrían sido adquiridos por Andrés Avelino Disla Lugo y que posteriormente fueron objeto de actuaciones judiciales y registrales cuya legalidad la familia cuestiona.

Los denunciantes afirmaron que la familia está integrada por 24 hermanos, cuyos hijos y nietos habrían desarrollado durante décadas actividades agrícolas vinculadas a esas tierras.

Por esa razón, consideran que el conflicto no puede reducirse a una disputa privada, sino que requiere una revisión de los procedimientos que condujeron a la situación actual.

Piden al Ejército que aclare su papel

La familia Disla solicitó públicamente al comandante general del Ejército y al ministro de Defensa que establezcan si existió una participación institucional en los hechos denunciados y, de ser así, bajo qué fundamento jurídico.

También reclamaron que se identifiquen los documentos, órdenes y comunicaciones que pudieran existir en los archivos institucionales relacionados con la actuación del general Perdomo Sánchez.

Los denunciantes reiteraron que no están solicitando que las Fuerzas Armadas determinen quién tiene razón en la disputa inmobiliaria, sino que los militares se mantengan al margen de ese tipo de controversias cuando no exista una orden judicial válida que justifique su participación.

El documento de denuncia fue firmado por el periodista Julio Disla, en representación de la familia.




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